Las políticas ferroviarias no escapan a esta lógica. El proceso de fragmentación, liberalización y privatización del sistema público ferroviario, iniciado hace décadas, se ha acelerado. El ferrocarril ha dejado de concebirse como servicio esencial para convertirse en espacio de negocio para empresas privadas, constructoras y multinacionales.
Este modelo ha traído consigo un deterioro constante de las condiciones laborales, de la seguridad y de la calidad del servicio. La entrada de operadores como Ouigo e Iryo en las rutas rentables únicamente ha reducido los ingresos de Renfe sin traducirse en mejoras reales ni para la ciudadanía ni para las plantillas.
El peligro no se limita a la Alta Velocidad. Las Obligaciones de Servicio Público (OSP), que han garantizado hasta ahora el acceso ferroviario en zonas no rentables, están amenazadas por la lógica mercantil. Su licitación a operadores privados y la transferencia de líneas y activos a las comunidades autónomas, sin garantías de servicio público y con criterios políticos coyunturales, suponen un nuevo paso en el desmantelamiento del modelo estatal y vertebrador.
Renfe y Adif sufren una descapitalización sostenida. Falta de personal, precariedad, externalización de funciones esenciales y descoordinación técnica forman ya parte de la normalidad. En los centros de trabajo convive personal de empresas públicas y privadas que desempeñan funciones equivalentes en condiciones laborales claramente desiguales. A ello se suma la existencia de empresas low-cost como LogiRail o el proceso de venta de Renfe Mercancías a MSC, que anticipa su conversión en operador subordinado a intereses privados.
Este proceso de vaciamiento interno se ve agravado por la creciente utilización del ferrocarril como moneda de cambio político, intercambiado por apoyos parlamentarios sin tener en cuenta el interés general. Las direcciones de las empresas públicas han pasado a estar ocupadas por cargos de designación política, en muchos casos sin experiencia ni conocimientos del ámbito ferroviario. Esta lógica de reparto de poder, desligada de cualquier planificación técnica o social, compromete gravemente la calidad del servicio, debilita la cohesión territorial y deteriora las condiciones laborales del sector. Al mismo tiempo que pone en riesgo el futuro del ferrocarril como servicio público al servicio de la sociedad.
En este contexto, cobra más sentido que nunca la existencia del SFF-CGT. Fuimos, somos y seremos la esperanza para el ferrocarril y para quienes trabajan en él. Es necesario organizarnos y luchar por las condiciones laborales de la clase trabajadora y por el modelo de ferrocarril publico social y sostenible que necesitamos. Por ello, animamos a todas las personas trabajadoras del ferrocarril a acudir a las manifestaciones que están convocadas en sus territorios por el 1 de mayo.
VIVA EL 1 DE MAYO. VIVA LA LUCHA DE LA CLASE TRABAJADORA

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